Irigoin detalló que este nuevo convenio es parte de un proceso de trabajo conjunto que tiene la intendencia de Canelones (IC) con el MI desde hace varios períodos. El objetivo del centro de monitoreo es generar un espacio que le sirva al ministerio para la prevención y el combate del delito, y que al mismo tiempo lo pueda aprovechar la intendencia para la vigilancia y el mantenimiento de los espacios públicos que tiene a cargo.
Además, se enmarca en la preocupación general que tienen en el gobierno departamental por la seguridad en el departamento y esperan que esta estrategia se sume a los esfuerzos para “ocuparse del tema y aportar a la convivencia”, dijo el jerarca.
Según explicó el director departamental, la licitación se abrirá para que empresas puedan proveer no sólo las 1.800 cámaras sino también el software y su actualización, capacitación para los trabajadores, cámaras móviles y mantenimiento en caso de vandalismo o ruptura, con un período de tiempo establecido para dar respuesta.
El director departamental dijo que se barajan dos opciones para instalar el centro de monitoreo; una puede ser en una comisaría de Las Piedras, aunque habría problemas para facilitar el acceso a funcionarios municipales, y otra en Canelones, a la que habría que hacerle algunos ajustes edilicios. Probablemente, estimó, se decanten por trabajar desde la capital