Estos cuestionamientos fueron a su vez rechazados por la Asociación de Magistrados, que los calificó como “infundados”.
Sin embargo, la investigación del procesamiento concluyó que las mujeres fueron acribilladas y que no hubo intercambio de disparos. Así las cosas, Rebollo habría sido alcanzado por “fuego amigo” y el policía habría sido abatido por los miliares, quienes lo habrían confundido con un sedicioso.
“Podría considerarse un homicidio en legítima defensa, pero —en todo caso— juzgado con el derecho vigente en esa época, por lo que se estaba ante un delito común. El fiscal reconoce ese hecho fundamental pero luego se contradice en sustancia porque aparte de ignorar hasta la prescripción del delito, reconoce que hubo un ‘fuerte tiroteo de varios minutos’ pero luego afirma que las tres jóvenes muertas fueron fusiladas… Todas presunciones, cuando un fiscal solo puede acusar si posee la certeza absoluta de los hechos. En el caso, hasta duda de si ‘hubo o resistencia o no’ al allanamiento pero igualmente acusa. Es muy grave, porque desde que hay leyes, in dubio pro reo, en la duda a favor del acusado”, escribió Sanguinetti en la mencionada publicación.
“El episodio nos importa particularmente, porque no estamos hablando de las figuras condenables de la dictadura, sino de un oficial de la democracia, como otros que sufren hoy parecidas amenazas. En efecto, al general Rebollo lo ascendimos nosotros, en 1985, y fue el primer general del gobierno democrático”, añadió.
“Se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento. Son militares que, lo afirmo en nombre de la experiencia personal, ayudaron a la reconstrucción democrática”, consideró el dos veces presidente.