articiparon también en la firma del convenio, en la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el titular de esa cartera, Martín Lema; la subsecretaria, Andrea Brugman; la directora nacional de Protección Social, Fernanda Auersperg; el director general de Apoyo al Liberado, Martín Quiró; el gerente general de Teyma, Luis Gallo, y el director de Recursos Humanos de la empresa, Jorge Penedo.
En su oratoria, Lema explicó que el acuerdo profundiza en la inserción laboral de los participantes de los programas de la Dinali, institución que, desde enero de 2022, fue incorporada al Mides. El objetivo es lograr un enfoque más social y un abordaje integral de la temática, precisó.
Agregó que la secretaría de Estado procura profundizar el vínculo con el sector privado para crear nuevas oportunidades laborales para los egresados del sistema carcelario y mejorar así su autonomía.
Por su parte, Fernández informó que la generación de herramientas y opciones educativas y laborales para estas personas es la meta principal de la actual gestión. Para ello, se trabaja en fortalecer la articulación con las instituciones estatales e impulsar nuevos convenios con el sector privado a fin de ampliar la oferta.
Además, anunció que en los próximos días se firmará un convenio con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), para desarrollar habilidades, competencias y especialización en diversas áreas que permitan la inserción laboral.
Otro de los ejes prioritarios es fortalecer la atención en salud mental y el tratamiento de adicciones, para lo cual el Mides solicitó un refuerzo presupuestal en la Rendición de Cuentas.
Asimismo, destacó el cambio en el modelo de atención en el ámbito nacional, que implica una migración de las antiguas oficinas, ubicadas en las seccionales policiales, a las dependencias departamentales del Mides, para brindar una asistencia integral.
En la actualidad, hay 252 personas egresadas del sistema penitenciario que trabajan en instituciones públicas y privadas mediante convenios de pasantías de la Dinali y otras 330 están lista de espera. Las empresas que contraten a esta población obtendrán beneficios tributarios, de acuerdo con la normativa vigente, indicó